En 2025 nos enfrentamos a una crisis de vivienda que no es casual: es estructural y tiene responsables claros. Los datos no engañan. Según análisis recientes, el mercado de la vivienda en España está secuestrado por los grandes fondos de inversión —los llamados “fondos buitre”—, que actúan como grandes propietarios y especuladores Estos fondos no son pequeños caseros “de toda la vida”: hablamos de gigantes como Blackstone, Cerberus, Lone Star, KKR, Goldman Sachs, entre otros, que han comprado decenas de miles de viviendas en toda España. Se apoyan en estructuras legales como las SOCIMIs, que les permiten recibir privilegios fiscales para explotar el negocio inmobiliario. Los fondos buitre ya controlaron el 91 % de las operaciones inmobiliarias en España el año pasado
Este control oligárquico del parque inmobiliario tiene consecuencias devastadoras para las clases trabajadoras y especialmente para los jóvenes: muchas de las viviendas más asequibles están en manos de este capital especulativo, y la oferta pública de vivienda social ni se acerca a las necesidades reales. En España, el parque público apenas alcanza el 2,5%, muy por debajo de países con políticas sociales más avanzadas. En paralelo, los precios se disparan. El alquiler subió un 11,5 % en 2024, muy por encima de la inflación, y los precios de compraventa tampoco dan tregua. Esto convierte la vivienda en uno de los principales motores de desigualdad en España: según Cáritas (citada en esos mismos informes), el coste de la vivienda es cada vez más una fuente de exclusión social. Y no es solo una cuestión económica: hay un desahucio silencioso. Vecinas y vecinos están siendo expulsados de sus barrios porque estos fondos compran edificios enteros para transformarlos en pisos turísticos o alquileres abusivos.
Para la juventud, el golpe es especialmente duro: la emancipación se retrasa, la vida en alquiler se vuelve una carga insostenible, y muchos ven su futuro hipotecado por un mercado que no es para nosotras, sino para quienes invierten desde la banca global.
Nuestra alternativa: vivienda como derecho, no como negocio
Frente a esta estafa inmobiliaria, la JUCE propone una alternativa radical y estructural. No basta con parches: necesitamos recuperar la vivienda para las personas, no para el beneficio financiero.
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Construcción y gestión pública de vivienda
Proponemos la creación de un gran parque público de vivienda social. No puede ser una pequeña concesión: debe tener una dimensión que arrebate poder real a los fondos y bancos. Queremos una empresa pública de vivienda que no solo construya, sino que rehabilite las viviendas vacías, recupere inmuebles de la Sareb y garantice un uso social. Esta entidad debe funcionar con criterios de interés público, no de rentabilidad, y asegurar que las viviendas se alquilen a precios asequibles.
2
Recuperación de activos vendidos
No podemos aceptar que los gobiernos entreguen suelo público o vivienda social a fondos buitre para su gestión privada. Exigimos que se reviertan esas privatizaciones. Las viviendas vendidas por la Sareb a esos fondos deben volver a manos públicas si es necesario para garantizar su función social. Tal como señalan voces progresistas, el Estado tiene que ejercer su responsabilidad: no puede ser cómplice pasiva de la especulación.
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Topar los alquileres por ley, de forma que no puedan superar el 30% del salario medio de un barrio, distrito o localidad.
En línea con lo que ya exige la ONU, la Unión Europea, el Banco de España, el Ministerio de Vivienda… pero que ninguna institución de nuestro país se ha esforzado en aplicar de manera efectiva y cabal.
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Derecho real a la vivienda
La vivienda debe dejar de ser una mercancía: es un derecho humano. Por eso, defendemos leyes que establezcan obligaciones vinculantes para garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna. Eso incluye mecanismos reales de control del alquiler, fortalecimiento de los derechos de los inquilinos, y protección frente al desalojo especulativo.