El desahucio de Maricarmen ha provocado una oleada de indignación y movilización por todo el país. La indignación se desató cuando Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada por un fondo al que le estorban las personas porque solo quiere especular con la vivienda. Esta indignación, acumulada durante años de sufrir precios y alquileres abusivos, se ha desbordado. Todo esto se está expresando en una movilización que recorre todo el país, teniendo la acampada en Sol como emblema principal.
El “problema de la vivienda” se expresa en tres grandes cuestiones:
Precios y alquileres abusivos
En España el precio de la vivienda crece el doble que la media europea. En los últimos diez años, los alquileres se han duplicado, creciendo cuatro veces más que los salarios. En la actualidad, el alquiler exige de media el 50% del salario, llegando al 74% en zonas como Madrid.
Especulación de fondos buitres y poca vivienda pública
Grandes fondos norteamericanos han irrumpido en la última década y ya son los principales caseros del país, hermanados con bancos y monopolios de la oligarquía. El mayor propietario de pisos en alquiler es CaixaBank (aliada con Lone Star), seguido por BlackStone, el gigante inmobiliario de Wall Street. Mientras la media en la UE de vivienda pública es del 10,5%, en España apenas llega al 2%.
Millones de damnificados
Cada día se ejecutan en España 44,5 desahucios. Detrás hay en torno a 10 millones de inquilinos empobrecidos por alquileres abusivos y millones de familias con hipotecas a las que los bancos les obligan a pagar una media de 1.000 euros más al año por la subida del euríbor. Sin contar, por supuesto, como afecta a la economía al reducirse el consumo, o la dificultad de cubrir puestos esenciales en las zonas esenciales.
Una alternativa para acabar con el atraco de la vivienda
Apoyamos los dos reales decretos, en tanto y cuánto mejora y alivia la grave situación. Ambos deben ser aprobados, a la vez que se avanza en más medidas estructurales e inmediatas para poder solventar el atraco de la vivienda.
El primer paso es señalar a los culpables, que no son todos los caseros, sino los grandes fondos, bancos y grandes tenedores que acumulan viviendas para especular. Es necesario prohibir por ley a los grandes fondos de inversión y grandes tenedores adquirir viviendas.
Se deben aprobar medidas para proteger a inquilinos e hipotecados:
Prohibición de los desahucios a personas vulnerables y mayores de 65 años sin alternativa habitacional.
Imponer por ley la renovación indefinida de los alquileres, con subidas anuales que no superen el IPC.
Fijar un tope al alquiler equivalente al 30% del salario medio (un máximo de 800 euros mensuales).
Limitación drástica de los pisos turísticos.
Es imprescindible multiplicar por cinco la vivienda pública en diez años para alcanzar la media europea (un millón de viviendas). Proponemos crear una Empresa Estatal de Vivienda que garantice alquileres que no superen el 30% o la mitad del salario mínimo, y blindar su propiedad prohibiendo su venta a grandes fondos.
Una alternativa justa y posible: ¡Sí se puede!
Los hechos demuestran que solucionar esto es posible si hay voluntad política. En lugares como Viena, el precio medio de los alquileres no supera los 300 euros porque el 50% de la población reside en viviendas sociales que está prohibido vender. En ciudades como Ámsterdam, la ley exige que el 40% de la nueva construcción sea vivienda social.
La movilización popular ya está obteniendo éxitos. Gracias a la presión, el fondo Urbagestión capituló y aceptó un acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa con un alquiler del 30% de su pensión durante ocho años. Nunca se había revertido así un desahucio.