La COP30 de Belém se presentó como la “cumbre de la Amazonia”, el lugar donde el mundo por fin escucharía a la selva y a los pueblos que la habitan (ya que hasta ahora siempre han estado en segundo o tercer plano). Pero basta mirar quién financia la Cumbre y quién llena las ponencias para entender que, más que una asamblea climática, parece la junta de accionistas de los grandes contaminadores. Entre los patrocinadores (excluyendo la financiación principal del gobierno anfitrión de Brasil, la ONU y el gobierno local de Belém) encontramos varias empresas energéticas, del automovilismo, tecnológicas y un gran número de bancos. Lo que nos indica que los principales ponentes y patrocinadores tienen de entrada conflicto de intereses hacia el objetivo principal de la COP.

Según la coalición Kick Big Polluters Out, más de hay más de 1.600 acreditaciones de la industria de los combustibles fósiles en Belém: aproximadamente una de cada 25 personas presentes en la cumbre, la mayor cuota de la historia de las COP. Superan en número a casi todas las delegaciones nacionales. Entre ellos hay representantes de gigantes del petróleo y el gas y, además, 531 lobistas vinculados a la industria de la captura y almacenamiento de carbono, la nueva coartada tecnológica para seguir quemando hidrocarburos “como si nada”.

Las cuotas de Carbono, o captura de carbono, es la trampa legal que encontraron los lobbies de seguir contaminando sin que se les penalizara por ello. Simplificándolo mucho, compran bonos de C02 a países que no están emitiendo, o plantando árboles de rápido crecimiento (eucaliptos principalmente) para capturar el CO2 que su actividad va a generar. Provocando que estos bonos sean una trampa para mal paguen su daño ambiental, o generen más problemas forestales por plantar árboles sin ton ni son, sólo para tener su check verde.

Brasil dista de ser neutral. Mientras presume de “liderar la transición”, autoriza nuevas perforaciones de Petrobras en la desembocadura del Amazonas y subasta bloques a grandes petroleras. A Belém se invita a JBS –mayor cárnica del mundo, ligada a deforestación masiva– y a mineras como Vale o Samarco, mientras Edelman, histórica aliada del lobby fósil, impulsa que un cliente suyo abastezca de energía la COP y lave su imagen “verde”.

No es un accidente: es un modelo. Quien paga manda. Y en la COP27 en Glasgow ya vimos cómo se formó una “anti-cumbre”, formada por comunidades indígenas, científicos especialistas y comprometidos, personalidades que no tenían voz en la COP27, y como los medios se hicieron eco de este movimiento y las manifestaciones que querían sacar el Greenwashing de la COP. La respuesta fue que el país anfitrión de la COP28 fuese Arabia Saudita y cuyo presidente fuese el dueño de una petrolera saudita.

Campañas sociales como Kick Big Polluters Out hablan de “captura corporativa” de las
negociaciones climáticas y exigen expulsar a las empresas fósiles de las COP, igual que se
expulsó a las tabacaleras de la OMS. Globalwitness, Sindicatos y movimientos ecologistas
denuncian que estos foros se han convertido en ferias de greenwashing, donde se anuncian alianzas “verdes” mientras se bloquea cualquier compromiso serio de abandonar el petróleo,
el gas y el carbón.

Desde una mirada marxista, lo que ocurre en la COP30 no es una desviación moral ni un error de diseño, sino la consecuencia lógica de un sistema cuyo motor es la acumulación de capital.

El capitalismo se apoya en la extracción de energía y materiales baratos —petróleo, gas, minerales, tierra— y de convertirlos en mercancías rentables, aunque exploten con ello territorios, comunidades y clima.

Las empresas fósiles y agroindustriales no están en Belém para suicidarse como modelo de negocio; están para garantizar que cualquier “transición” preserve sus beneficios y su poder
político.